RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLITICA EDUCATIVA DE CALIDAD
Gustavo Adolfo Aragón
Ceidepes, Eat
Riohacha – La Guajira. 2011
La educación, como potencial generador del cambio social, es un factor estratégico para el desarrollo de la sociedad, la cultura y la economía de cualquier país; pero ante todo, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Con su desarrollo se construyen sociedades más equitativas, respetuosas y tolerantes a las diferencias, con mejores capacidades para participar de manera activa en el proceso democrático y de fortalecer el recurso humano mejorando su competitividad laboral.
De allí que el sector educativo se transforme atendiendo tanto a los requerimientos de la globalización de la economía como a la implementación y desarrollo de las políticas educativas trasnacionales, definidas en las agencias internacionales de crédito, la UNESCO, además de muchas Fundaciones, Corporaciones y fuentes de financiación que pretenden imponer una dinámica interna en materia de financiación, administración del servicio y currículo. Por ello, el reto de la escolaridad es complejo y no debe limitarse a lograr el acceso universal de las niñas y niños, si no también brindarles una educación de calidad que les permita el desarrollo de sus capacidades y habilidades de manera individual y colectiva.
Como el conjunto de principios, metas y estrategias para orientar las acciones que el Estado, las escuelas públicas y privadas, las comunidades, el sector productivo y la sociedad civil en general, en materia de educación adelantan en la sociedad, es lo que podría llamarse política pública educativa
La política educativa en Colombia está establecida por la Constitución Política de 1991 y el conjunto de normas conocidas como el “Còdigo Educativo”, que incluye fundamentalmente la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992, entre otras de las emitidas en un primer momento de la nueva reforma educativa. Posteriormente, a partir de la modificación a la Carta Magna con la promulgación del Acto Legislativo 01 del 2001 se hizo posible la expedición de la Ley 715 de 2002 y su extenso paquete de normas reglamentarias, con los cuales se contravino a mucho de los principios y orientaciones de política pública que ya se venían implementando y desarrollando en los planteles educativos de Colombia, acorde con los términos de la Ley General de Educación.
Por lo anterior, puede decirse que el fundamento de la política educativa esta signado por las funciones que la ley le concede al Ministerio de Educación Nacional para que establezca las políticas y lineamientos que permita se preste un servicio educativo de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema; para que diseñe los estándares de calidad que garanticen la fomación de personas en convivencia pacìfica, participativa y democrática que valoren las diferencias “para una cultura de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para lograr el mejoramiento social, cultural, científico y la protección del ambiente” (MEN: 2010); para que promueva y desarrolle el derecho a un sistema educativo público sostenible de calidad; para que genere directrices, efectúe seguimiento y apoye a las entidades territoriales en una adecuada gestión para la administración del sector; para que oriente la educación superior en el marco de la autonomía universitaria; para que ejerza las funciones de regulación, inspección y vigilancia; para que implemente mecanismos que haga efectiva la descentralización educativa dotando el sector de los elementos necesarios para una educación de calidad y, finalmente, que sea el MEN quien establezca e implemente el sistema Integrado de gestión de la calidad educativa.
El deterioro de la inversión pública en la educación y la mercantilización en la oferta educativa ha conducido a generar una educación pobre para los pobres y educación costosa para los ricos; situación de la que se deriva la defensa de la Educación Pública con calidad. Por lo tanto, las bases del Plan de Desarrollo hacia un Estado Comunitario 2002-2006 y su propuesta de “construir equidad social: La revolución educativa”, acoge lineamientos y condicionamiento del Banco Mundial BM para el sector social de la Educación y la Salud y las directrices trazadas en los Foros Mundiales organizados por Agencias internacionales sobre la Educación Superior de ampliación de la cobertura e indicadores de gestión que amarran y limitan no sólo los procesos de gestión y organización sino que trasgreden la autonomía universitaria(Tabares:2007), lo cual trae consecuencias perversas como el desconocimiento de la libertad de enseñanza y articulando el ejercicio docente a las necesidades del mercado internacional.
En las condiciones actuales vividas en Colombia, la política educativa adelantada por el gobierno nacional se inscribe en el marco de las propuestas centradas en una pretendida “modernización” y “racionalización” del aparato educativo público con un enfoque de costo-beneficio que busca aplicar la lógica de la gestión privada, en el supuesto que es más eficaz, eficiente y efectiva que la gestión pública gubernamental. Esta orientación de la política pública se basa en una consideración más profunda, de naturaleza ético-política, según la cual la educación deja de ser considerada como un derecho fundamental para convertirse en un servicio al cual se accede mediante los mecanismos del mercado, supremo regulador de la vida social.
Un patrón histórico en el diseño y aplicación de políticas educativas en Colombia, parece ser la ausencia de actores de la sociedad civil en estos procesos. Actualmente, los resultados de esta situación se concretan en políticas públicas en educación muy por debajo de las expectativas de los colombianos. Los educadores por su parte, sufren los estragos de la aplicación de políticas que los colocan nuevamente como servidores públicos olvidando el estatus profesional ganado en antiguas luchas y que les otorgaba exclusividad en su saber, situación que ha terminado por deteriorar sus condiciones laborales, profesionales y de formación. Los padres de familia y sobre todo los educandos de todo el país ven disminuida cada vez más la posibilidad de realización plena de un derecho constitucionalmente conferido, en el marco de unas políticas que pretenden “cobertura, calidad y eficiencia”, con menos recursos, menos infraestructura y menos maestros.
Se relieva aquí la importancia de que una política educativa deba ser construida participativamente con los actores correspondientes en un gran consenso nacional que forje por mandato popular un “proceso duradero y resistente a cualquier avatar o vicisitud que lo convierta en un proyecto público”, sustentado en una pedagogía popular producto de un dialogo paciente y transparente de todos los sectores que suscriban el pacto por una “educación de calidad como la real prioridad de la nación” (Gómez Buendía: 1998).
El fundamento ético de una efectiva propuesta de política pública en el campo educativo consiste en reivindicar la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la educación a todos los colombianos en condiciones de obligatoriedad, gratuidad y calidad; en lograr que se garanticen los derechos de los educadores, que se garantice el acceso y la permanencia en los establecimientos públicos educativos y, en general, que se logre la participación de los sujetos educativos en la discusión, elaboración, análisis, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas educativas.
De tal forma que la ruta para la construcción y desarrollo de una política educativa nacional, deberá estar orientada por el estudio de los enfoques históricos[1] de la política educativa, del marco Normativo Colombiano en Educación y de la Organización gremial y política del sector educativo[2]. Al igual, en el contexto regional construir una política educativa para el Caribe, requiere a lo menos estudiar la Educación Pública en zonas de fronteras; Normatividad regional de Ordenanzas y Acuerdos expedidos acerca de la educación; la Movilización Social por la educación en el contexto del Caribe Colombiano; así como estudiar la educación pública en Contextos de Interculturalidad.
BIBLIOGRAFÍA:
GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. Educación: La Agenda del siglo XXI. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Bogotá, 1998
MEN. Sistema educativo de Colombia. Datos Mundiales de Educación 2010/11. 7ª Ed. (Unesco/OIE). Tomado de Internet el 09/03/2011, en: http://www.oei.es/quipu/colombia/index.html
TABARES ADARAJA, Luis Enrique y PABÓN PATIÑO, Morelia. Políticas curriculares y calidad en la Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad Ciencias de la Educación. Universidad Tecnológica de Pereira, 2007.
[1] El enfoque modernizador 50's - 90's; El Movimiento Pedagógico iniciado en 1982 y El enfoque neoliberal a partir de los 90's.
[2] Que recoge aspectos acerca del estatuto intelectual del maestro, su profesión y el Escalafón Docente; la formación de maestros; la Ley estatutaria de la educación colombiana y la movilización social por la educación.
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